Cannabis y leyes: Ignorantia juris non excusat

Existe un principio del derecho que indica que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Traducido del latín, diríamos: “La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley.” Esto, visto en positivo, nos dice que la información es vital para tomar decisiones acertadas.
Estudiar la actual situación y las consecuencias legales relacionadas con el cannabis es crucial para ser conscientes de las implicaciones de cada acto y de las situaciones de riesgo que de ellas se puedan derivar. No estamos hablando de un tema menor; por ejemplo, en el Estado español en el año 2018 se produjeron 21.664 detenciones relacionadas con el cannabis y se impusieron 381.100 sanciones administrativas (excluyendo las impuestas por policías locales y autonómicas); es decir, cada 24 horas unas 60 personas son detenidas y posteriormente juzgadas. También, 870 veces al día ─una cada dos minutos─ una persona es sancionada con una multa de 600 euros, como mínimo.

En el Estado español hay varias leyes en juego cuando hablamos de cultivo, transporte o consumo de cannabis. En este escrito se presenta un resumen de los principales elementos de la Ley de Seguridad Ciudadana, del Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consumo compartido. Quedan fuera del texto otras normas legales otras como, por ejemplo, la Ley de Normas sobre Estupefacientes, promulgada en 1967 (al final de la dictadura franquista). Esta ley y una Orden anterior de 1963 sobre cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes son las que regulan, hoy en día, las autorizaciones que concede la Agencia Española del Medicamento del Gobierno para la producción de cannabis con fines médicos y científicos.

En la intersección de estas leyes reposa una realidad social que persistentemente -y de manera global- demanda una nueva ensambladura social y jurídica. Para actuar con responsabilidad, cuanta más información objetiva atesoramos más acertada será nuestra actuación.

Las políticas basadas en la persecución penal y/o administrativa imperan a la mayoría de lugares del mundo. Este hecho tiene un origen común que son los tratados/convenios internacionales de fiscalización de estupefacientes. A lo largo de los últimos años estamos presenciando un cambio de paradigma en la manera como la sociedad se relaciona con el cannabis pero los cambios legales no avanzan de manera igual por todas partes. De hecho, mientras en Uruguay o en Canadá es legal la venta para mayores de edad, hay lugares donde la pena de muerto todavía espera por aquellas personas que trafiquen con cannabis.

Situació en l’àmbit internacional

Según el Informe mundial sobre las drogas de 2019, el cannabis es la sustancia declarada ilícita más consumida y cultivada en el mundo, unos 188 millones de personas lo consumen.

 

En el año 1961 el cannabis fue introducido en las listas de sustancias prohibidas de Naciones Unidas (ONU) con una pequeña peculiaridad. A diferencia del resto de sustancias, fue fiscalizado sin que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizara una evaluación científica de sus potenciales riesgos y daños. Estos informes de la OMS sirven de orientación a la ONU para clasificar las distintas sustancias en alguna de las cuatro listas existentes. El cannabis fue clasificado dos veces: en la Lista I, como sustancia con propiedades que generan dependencia y que presenta grave riesgo de abuso, y en la Lista IV, que reúne las sustancias más peligrosas, como la heroína, por sus riesgos asociados de abuso, características especialmente perjudiciales y carencia de valor médico o terapéutico. Finalmente, más de 50 años después de haber negado toda utilidad médica del cannabis, la ONU empieza a cambiar de opinión, discretamente, sin embargo. Mientras tanto, Uruguay y Canadá echaron por el atajo y, contraviniendo una lectura rígida de los tratados de fiscalización de la ONU, pusieron en marcha programas de legalización del cannabis. También los iniciaron más de treinta estados de los Estados Unidos, pero en el ámbito federal la prohibición sigue imperando.

En enero de 2019 la OMS hizo públicas las conclusiones de su revisión científica ─que no había podido emitir cinco décadas atrás─ y recomendó que el cannabis y su resina fueran eliminadas de la Lista IV, reconociendo inequívocamente las aplicaciones médicas del cannabis y de los cannabinoides. Según su criterio, los gobiernos estarían obligados a partir de ahora a asegurar la adecuada disponibilidad de cannabis para aliviar el dolor y sufrimiento de los pacientes de sus países. Por su parte, la ONU todavía debe votar para decidir si hace caso a la OMS o no. Se espera que a finales de 2020 se produzca la esperada votación. Por ahora, todo sigue igual.

 

Si deseáis conocer los detalles de la prohibición del cannabis desde un punto de vista riguroso, es preciso leer el informe Auge y caída de la prohibición del cannabis del Transnational Institute (TNI) de Ámsterdam.

Situació en l’àmbit de l’Estat espanyol  

Según el Plan nacional sobre drogas, en el 2018, unos 2,8 millones de personas habían consumido cannabis una vez al mes y unas 650.000 personas, diariamente.

Es importante saber que la legislación española no es de las más duras de Europa; por ejemplo, aquí el consumo de sustancias ilegales no es delito; en cambio, en muchos países vecinos sí, como Francia, Grecia, Hungría, Finlandia, Turquía o Suecia. En Chipre, por ejemplo, puede conllevar cadena perpetua. Por esto, si tienes que viajar, es bueno informarse de las leyes de los países de destino y, en su caso, de tráfico. Ahora bien, España es el país donde se imponen más infracciones por consumo y tenencia de toda la Unión Europea. No obstante, España es el cuarto país de la Unión Europea con respecto a prevalencias de consumo de cannabis.

En nuestro contexto, como mínimo, existen cuatro normas legales aplicables:

  1. Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), conocida como “Ley mordaza”, que sanciona como infracciones graves los siguientes supuestos:
  • El consumo y la tenencia de cannabis en espacios públicos, plazas, calles, establecimientos, locales o transportes.
  • El abandono de material de consumo en lugares públicos (papel de fumar, triturador o grinder, pipas…).
  • El hecho de permitir que otras personas consuman o trafiquen en lugares públicos o en los establecimientos de ocio nocturno.
  • La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal.

El grado mínimo es una multa de 601 a 10.400 euros; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros. La cuantía de la multa puede subir de 600 o más euros a 10.401 euros, si se cumple alguna circunstancia agravante, entre otras, la reincidencia. Hay que saber que se establece un plazo de prescripción de dos años que aumenta las posibilidades de reincidir y genera mucha incertidumbre y potenciales situaciones de riesgo.

Solo los menores de edad ─y solo en algunos municipios─ pueden optar a alternativas al pago de la sanción económica por consumo o tenencia en vía pública.

En Cataluña, en el año 2018, los Mossos impusieron unas 25.000 sanciones relacionadas con drogas; por los datos de los que disponemos en el ámbito español, podemos inferir que cerca de 22.000 fueron directamente relacionadas con el cannabis, es decir, unas 60 al día (una cada 30 minutos).

Carecemos de datos sobre la cantidad de sanciones impuestas por las diferentes policías locales catalanas.

Las sanciones se pueden recurrir ante la Delegación del Gobierno. Se pueden alegar motivos médicos, por anteponerse al derecho a la intimidad de la persona o considerar el registro ilegal, entre otros. Lo más recomendable es buscar asesoramiento legal. También se debe saber que, una vez recibida la notificación de la sanción en el domicilio y a lo largo de los quince días siguientes, si se efectúa el pago de la multa la cuantía será del 50% del importe.

El autocultivo es aquél cultivo que se realiza con plantas destinadas al consumo propio en una propiedad nuestra (casa o terreno). Actualmente, no está estipulado en ningún sitio el número de plantas que alguien puede tener en casa para autoconsumo, lo que genera mucha confusión. El autocultivo no está legalizado, pero sí despenalizado. Esto quiere decir que, aunque la ley no lo permite explícitamente, la interpretación prevé la posibilidad de tener un cultivo para el autoconsumo ubicado en una propiedad privada. Si es visible desde el espacio público, la policía puede multar.

  1. Ley orgánica del Código penal, que en el artículo 368 señala:

“Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratara de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.”

De entrada, se debe comentar lo que muchos expertos han señalado desde hace años. Se trata de un tipo penal muy amplio y ambiguo, que se resume así: toda donación, fabricación, promoción del consumo o venta, con independencia de la cantidad, de entrada es delito y motivo para ser procesado penalmente.

Se debe hacer notar que el Tribunal Supremo considera el cannabis como una “droga que no causa grave daño a la salud”; por lo tanto, las penas de prisión llegan a los tres años como máximo.

La tenencia también es delito cuando las cantidades sean mayores de lo que se considera para consumo propio, orientativamente, son 25 gramos de hachís y 100 gramos de marihuana. La compra de cannabis para consumo propio no es delito; quien comete el delito es quien lo vende.

Ante un cultivo de cannabis, la policía siempre actúa y decomisa la plantación, detiene al responsable o responsables y los deja en manos de un juez para que decida si se trata de un delito contra la salud pública y merece una condena o no. En lo referente al pronunciamiento judicial en relación con dichos delitos, es interesante reseñar que aproximadamente el 86% de las sentencias relacionadas con drogas (en general) acaban en sentencia condenatoria. Ahora bien, la realidad es que si revisamos las sentencias veremos que hay jueces que han considerado que 2 plantas eran suficientes para imponer una condena y otros han aceptado hasta 100 plantas para consumo propio. Esta es una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica en la legislación actual.

El marco jurídico español indica que los cuerpos y fuerzas de seguridad no pueden entrar en una propiedad privada si las plantas no son visibles desde el espacio público, a menos que a) el propietario o propietaria permita el acceso de la policía, b) la policía lleve una orden judicial o c) la policía tenga la seguridad de que en aquel momento se está cometiendo un delito.

  1. La doctrina del Tribunal Supremo sobre el consumo compartido

Esta doctrina es una construcción de la jurisprudencia consistente en considerar no delictivo el consumo practicado en grupo, aunque suponga la realización de actos de auxilio o facilitación recíproca entre los integrantes del colectivo, que siempre ha de ser reducido. Hasta el año 2015 el Tribunal Supremo consideraba los siguientes supuestos:

  • Han de ser espacios privados para personas mayores de edad habituadas al consumo de cannabis y el consumo no debe difundirse a terceras personas.
  • No puede haber ánimo de lucro y el cultivo debe estar planificado en función de la previsión de consumo conjunta de las personas asociadas.
  • El cannabis se debe dispensar en cantidades pequeñas, que se puedan considerar de consumo inmediato.
  • Debe haber un acuerdo colectivo de cultivo y una previsión de la cantidad de marihuana que consume cada persona asociada anualmente, que tiene un límite máximo.

 

Estos son los fundamentos de las asociaciones cannábicas. Durante veinte años, los clubes sociales de cannabis han vivido condicionados por la vulnerabilidad jurídica que delimitaban las fronteras de la doctrina del consumo compartido. A partir de 2015, el Tribunal Supremo juzgó tres asociaciones y el resultado no hizo más que añadir mayor complejidad al fenómeno. Recientemente, hemos visto cómo se dictaban condenas contra responsables de asociaciones de cinco o más años de prisión y multas astronómicas. Esto es porque también se les han imputado otros delitos, como el de pertenecer a un grupo criminal organizado o el de blanqueo de capitales. Hasta que no llegue una regulación, esta incertidumbre seguirá siendo la norma. Mientras tanto, el modelo de clubes sociales de cannabis corre el peligro de desaparecer.

Ley de tráfico

El binomio cannabis y conducción puede incrementar algunos riesgos y ser motivo de sanción económica de 1.000 euros y retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Existe bastante polémica sobre los tests de consumo de drogas y se precisan más estudios para entender la relación entre el consumo y la afectación a la conducción, ya que existen evidencias contradictorias.

Encontrarás más información ampliada sobre este tema en la entrada Cannabis y conducción: la polémica está servida.

2020-09-22T15:17:06+00:00

Comenta